DECISIONES PÚBLICAS, PROBLEMAS AMBIENTALES Y COMPETENCIA DE CIUDADES.

Por: Avelino Diaz Rendón*

Por estos días de cambio climático y lo que podríamos denominar ola invernal, hemos visto recientes noticias de emergencias ambientales, desde la mas  catastrófica en el Perú. hasta inundaciones sistemáticas y previsibles de las calles de Bogotá, o problemas con la calidad del aire como acontece en la ciudad de Medellín. para los países latinoamericanos con la excepción un poco de Chile, las emergencias ambientales y sus catástrofes, siempre vienen acompañadas de improvisación, de incapacidad de respuesta, de desorganización institucional, de falta de previsión de los ejercicios de planeación, o de la típica omisión administrativa que pasa por alto las evidencias y las alarmas tempranas.

Sin embargo el riesgo ya la vulnerabilidad asociados al desarrollo económico aumentan exponencialmente, nunca es lo mismo la capacidad de respuesta de Japón, a la capacidad de respuesta de Honduras, Haití, o algun otro país latinoamericano, lo que no desdice de la capacidad de recuperación en el tiempo, en respuesta que gozan de mayor capacidad organizativa para la recuperación en medio de los desastres.

Ciudad de Catacaos -PeruFuente:http://larepublica.pe/
sociedad/860059-asi-quedo-la-ciudad-de-catacaos-tras-las-lluvias-fotos

Los imprevistos e inminentes como el tsunami de Fukushima en Japon y has las mismas inundaciones en Perú, o los subsecuentes movimientos telúricos en Chile, son situaciones que se salen de la capacidad de respuesta de las autoridades en una región especifica, sin embargo las herramietas de ordenación del territorio y las políticas de vivienda y hábitat deben contribuir a mitigar el impacto de los fenomenos naturales, y sus consecuentes emergencias, y a facilitar las labores de recosntrucción.

Por estos días la ciudad de Medellín pasa por segunda emergencia ambiental, por la calidad del aire. situación que se ha comparado con los casos de Beijing, pero que también se presentan en Santiago de Chile, y en Ciudad de México. Una ciudad de Bogotá, intermedia entre Santiago de Chile, y Ciudad de México, con aproximadamente 10 millones de habitantes, donde se calculan circulan mas de 700 mil vehículos, no se ha visto expuesta a restricciones vehículares, más allá de las estipuladas para favorecer la circulación vehícular, que también restringe la circulación de vehículos de transporte público para paliar calidad del aire.

Ciudad de Medellín en Emergecia Ambiental por la Calida del Aire

Fuente: http://www.elcolombiano.com/multimedia/imagenes/

las-tristes-imagenes-del-aire-que-respira-el-valle-de-aburra-BI6192535

Cómo decisión pública, las autoridades Metropolitanas de lo que se conoce como Valle de Aburrá, decidieron restringir al máximo posible la circulación de vehículos particulares, mientras mejoraba la calidad del aire.

Cómo decisión política no estuvo exenta de resistencia social a las determinaciones de la autoridad, con el tiempo el beneficio fue evidente aunque claramente coyuntural y temporal, por lo que las autoridades y la sociedad civil tendrán que pensar en herramientas, que le permitan a la ciudad ser competitiva integralmente, ahora desde el punto de vista de la competitividad de ciudades, Medellín tendrá que observar el fenómeno en lo concerniente a ciudades cómo México D.F, y Santiago de Chile, incluso Beijing, ya que se pone en juego la generación de empleo, la inversión productiva, el desarrollo de la ciudad, y la calidad de vida de sus habitantes; ahora yendo hacia otro extremo está la acción social que detuvo o que incluso pone en el congelador la política minera, y es el caso de la mina La Colosa en el municipio de Cajamarca departamento de Tolima en Colombia, donde recientemente la población a decidido vía mecanismo de participación popular decir no a la explotación minera en su territorio.

Lo preocupante de la decisión es que el rechazo a un proyecto empresarial de gran envergadura, tenga un impacto en la explosión del fenómeno de minería informal  e ilegal mucho mas depredador, y hasta el momento carente de control estatal efectivo, en mi concepto sin negar los riesgos de un gran proyecto, la improvisación aun  le gana a la autoridad, la busqueda del consenso queda con la sensación de que se realiza por debajo de la mesa, mientras que naciones como Cánada, y Australia, y hasta los países escandinavos, logran mayores réditos de la explotación minera a gran escala, acondicionando ciudades, y territorios para facilitar la inversión privada, y la calidad de vida de los habitantes. Si un proyecto ofrece riesgo ambiental no mitigable, pues es claro que no es factible de realizarse, pero tampoco es posible realizar un gran proyecto minero, si no se realizan obra e inversiones de parte y parte, o desde el mismo Estado, como la adecuación de vías, y la prestación de servicios sociales y públicos que mejoren primero la calidad de vida y faciliten la inversión.

La infraestructura social y publica productiva, como vías, hospitales, escuelas, centros de formación para el trabajo, paisaje y escenarios recreativos deportivos y culturales de calidad, son la cuota inicial, más no la única inversión necesaria para lograr legitimidad de lo público y de lo privado; es también la inversión en la economía familiar y en el desarrollo empresarial loca, así como la transparencia en las acciones empresariales, y en las decisiones públicas, y servicios sociales de calidad como la seguridad pública, la justicia efectiva, la salud, la educación el acceso a crédito de fomento, de vivienda, el acceso a la vivienda y la tenencia de tierra con calidad, y servicios públicos como energía agua y telecomunicaciones hacen parte de la estrategia Gobierno-Empresa-Comunidad, que aportan a que un proyecto cuando sea hora de realizarse cuente con base social de apoyo que permita su ejecución.

La competitividad local, parte entonces también de acciones de gobierno sobre el territorio orientadas hacia la calidad de vida de sus habitantes, que permitan el desarrollo local, que atraigan la inversión, y que gocen de legitimidad en ambientes abiertos a la comunidad, por tanto alcalde o secretario, o funcionario, la construcción del plan, requiere de pensamiento complejo e integral, de llevar servicios, o de cualificarlos, para lograr el mayor impacto social y la correspondiente legitimidad de acción de la autoridad.

*Politólogo, Mg en Hábitat
 Experto en asuntos de gobierno y desarrollo